“El cooperativismo y el mutualismo son los primeros interesados en que no se use nuestra figura para operaciones fraudulentas”, aseguró el presidente del Inaes, Patricio Griffin, en conferencia de prensa junto con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella.

 

(COOPERAR).- Las cooperativas de crédito y las mutuales que dan préstamo y  financiamiento son las principales entidades obligadas a ingresar al sistema contra el lavado de activos que desarrolla la UIF, una entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Justicia, y que ahora trabajará con la colaboración del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente de Desarrollo Social. 
 
Lo anunciaron este mediodía Griffin y Sbatella en un encuentro con la prensa y con dirigentes del sector de la economía social y solidaria, en el salón Ramón Carillo, en el edificio que comparten la cartera social y la de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
Estuvieron presentes, entre otros, el presidente, el tesorero y el protesorero de la Confederación  Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Ariel Guarco, José Orbaiceta y Germán Casalino, respectivamente, así como su secretario de Relaciones Internacionales, Juan Carlos Fissore, y el ex presidente de la entidad y actual diputado porteño Edgardo Form.
 
La entrada de las cooperativas y mutuales al sistema de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo responde a las resolución 11 y 12 de este año de la UIF, respectivamente, y al artículo 20 de la ley 25.246, modificado en junio del año pasado.
 
“Esta instrumentación nos obliga a ser más estrictos, si bien ya en 2009 el Directorio del Inaes, con el voto unánime de los representantes de cooperativas y mutuales, había dejado clara su intención de se nos incluyera en este tipo de sistemas”, especificó Griffin. 
 
El presidente del Inaes subrayó, en el mismo sentido, que “el cooperativismo y el mutualismo son los primeros interesados en que no se use su figura para operaciones fraudulentas”, y recordó que el Instituto alienta el buen funcionamiento de la fiscalización interna y de la auditoría externa independiente. 
 
Para Sbatella, está política se enmarca en el “lento pasaje del Estado bobo al Estado jerarquizado” que interviene y regula la actividad financiera, en este caso. El titular de la UIF explicó: “Venimos de un proceso difícil por la fuerte dolarización de nuestra economía, con más dólares per capita que en los otros países, resultado de la convertibilidad. Las operaciones en efectivo tienen una gran volatilidad. Y aparecen cooperativas y mutuales como figuras utilizadas para maniobras sospechosas. Hay cooperativas incluso en la bolsa, lo cual exige una cantidad de prevenciones que hay que empezar a implementar.”
 
En esa dirección, los directivos de los dos organismos anunciaron que se realizarán fiscalizaciones in situ y capacitaciones conjuntas para poner en marcha métodos internos de detección de operaciones sospechosas y manuales de procedimiento que irán ejecutando los oficiales de cumplimiento dispuestos en las entidades obligadas. “Este sistema no va a agravar ni encarecer el trabajo de control de las cooperativas y mutuales”, aclaró Griffin.
 
Sbatella ejemplificó: “Una entidad de crédito tiene perfiles de socios habituales y otros circunstanciales. Con esa información puede detectar movimientos que requieran obtener más información, para saber si pasan a ser motivo de investigación o no. Por ejemplo, un socio que ingresa 20 mil pesos regularmente y un día entra 300 mil. Si lo puede explicar, no pasa nada, si no lo puede explicar, pasa a ser parte de las operaciones sospechosas.”
 
El funcionario agregó que con la modificación legislativa de junio del año pasado se alcanzaron los estándares internacionales, incluyendo a cooperativas y mutuales. También se refirió a la necesidad de legislar a nivel internacional sobre los paraísos fiscales, siendo un asunto que ahora el país puede exigir al sistema financiero internacional.
 
En cuanto al mecanismo de implementación del Sistema contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, al cual calificó como “tarea cultural”, especificó que “no se trata de un sistema estatal, sino mixto. No funciona si no es con el cuidado voluntario que haga a su interior cada sujeto obligado del sector privado.” 
 
El titular de la UIF también comentó que el año pasado se alcanzaron 12 mil reportes de operaciones sospechosas (ROS), y que este año espera más de 20 mil. “Como dice la Presidenta, estamos entrando en la sintonía fina.”
 
Normativa
 
Griffin también adelantó que se está trabajando para renovar la normativa vigente que regula a cooperativas y mutuales, en particular las leyes orgánicas de mutuales y cooperativas, que datan del año 1973. “La propia dinámica exige que se modifiquen”, afirmó. 
 
Integración
 
Ante la consulta de por qué se englobaron a cooperativas y mutuales por igual en la operatoria del sistema contra el lavado de activos, el presidente del Inaes contestó: “Este sector, que juntó 14.800 delegados en septiembre en Parque Norte, está integrado por cooperativas y mutuales con principios comunes, de solidaridad, transparencia, democracia, participación, representación de las personas y no del capital. Por eso, la forma de cuidarlas es la misma para los dos tipos de entidades.” 
 

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